Epígrafe Fronterizo

"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, de los zapatos y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el niño abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales"

Bertold Brecht

sábado, 7 de mayo de 2016

Lecciones de Trivialidad Chilena: Pobreza, sociedad de explotación y trifulca twittera




Ilustración de Jorge Zambrano

Los angloparlantes le llaman “argument”, mientras que como modismo chileno se habla de “mocha” o “agarrarse del moño”, pero esta vez sin recurrir a los puñetazos. Es que la discusión twittera entre Axel Kaiser y Mario Waissbluth acaecida en enero de 2016, connota algo más que el festín que hicieron algunos medios de comunicación y las redes sociales con el ping-pong de declaraciones. No pocos tomaron palco ante la antigua -pero aún vigente- trifulca que surge cuando dos paradigmas contrarios se enfrentan en el debate sobre la legitimidad de los derechos sociales. Desde una posición crítica contra la igualdad, Kaiser le señalaba al líder de Educación 2020 que los derechos sociales son un mito y que, en el fondo, se trata de una apropiación injusta del dinero de otro[a]. Waissbluth, ofuscado, atribuía al autodenominado “austrolibertario” una vida en una eventual burbuja socioeconómica, desde la cual desconocería la realidad de millones de chilenas y chilenos en situación de pobreza o insuficiencia económica. O sea, alguien que no entiende o que no sabe sobre las condiciones precarias de subsistencia, ni por qué se producen. Mientras Kaiser insiste en que el gasto social debe ser focalizado en los[as] más pobres, Waissbluth parecía adherir más a la progresiva universalización del gasto, en un contexto de garantía de los derechos sociales.

Más allá de este round virtual, una pregunta relevante es si la pobreza se debe a un déficit de capacidades, libertades y actitudes individuales o si es, principalmente, un problema de relaciones económico-políticas. Y, al parecer, la institucionalidad pública y la clase política chilena han obviado esta pregunta, evitando con ello enfrentar la crueldad estructural del modelo de desarrollo chileno. Porque en el debate acerca de la pobreza no es trivial adherir a la focalización o la universalización del gasto, a la erradicación o al establecimiento de los derechos sociales. Desde un punto de vista, la pobreza de unos[as] no se relacionaría causalmente con la riqueza de los[as] otros[as], reduciéndose la primera cuando se destina más dinero sólo a los[as] pobres, con la expectativa de que dejen de serlo. Desde otra posición, el empobrecimiento de una parte de la población sí es resultado -directa e indirectamente- del buen pasar económico de otro sector (que en Chile es minoritario), y disminuiría al transformar estructuralmente las relaciones entre los individuos y de éstos con las instituciones.

Durante décadas, la institucionalidad ha medido la pobreza estableciendo límites de ingresos -según el número de habitantes por hogar- que rompen toda lógica de supervivencia o de bienestar. Como ejemplo, en el 2013, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) señalaba $91.274 como el límite de ingresos mensuales para una persona en extrema pobreza; es decir, con un peso más un solo individuo sería capaz de satisfacer todas sus necesidades alimentarias durante un mes. También para una sola persona, el MDS señalaba $136.911 como línea de la pobreza (no extrema), es decir, el mínimo de ingresos mensuales para satisfacer todas las necesidades básicas. En otras palabras, con un ingreso mensual superior a esa cifra un individuo dejaría de ser pobre. Desde esta perspectiva, millones de chilenas y chilenos que superan -al menos en un peso- esos límites establecidos por la institucionalidad, no serían destinatarios[as] de parte de las ayudas sociales, que en Chile operan como si fueran vouchers.

El neoliberalismo chileno ha naturalizado la focalización del gasto social, transformando al Estado en una sistema subsidiario de aquellos[as] con insuficiencia económica para participar de las dinámicas de los mercados. Sin embargo, es de perogrullo que nadie del MDS o de Chile puede tener una vida digna con esos ingresos. Analizando la Encuesta CASEN 2013, Sonia Salvo (2015) y su equipo de investigadores de la Universidad de La Frontera, realizaron un estudio sobre pobreza por ingresos y pobreza multidimensional, esta última referida a doce carencias distribuidas en igual número en las dimensiones de vivienda, salud, educación y trabajo. Si se toma como ejemplo la Región de La Araucanía (una de las regiones evaluadas como más pobres de Chile), los resultados son alarmantes. Mientras la institucionalidad declaraba que la pobreza (no extrema) alcanzaba un 27,9%, el estudio de Salvo et. al. señalaba que, dejando sólo el ingreso por trabajo, la cifra aumentaba a un 54,2%. Del total de ocupados[as], un 33,8% estaría en situación de pobreza (no extrema); es decir, aunque trabajen, no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Aún más, si se cruzaban los datos de ingresos con las cuatro dimensiones de pobreza multidimensional, el déficit de bienestar de las personas bordeaba el 80% de la población regional.

En el 2016, la misma investigadora analizó la Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI 2014), del INE, ante el anuncio del gobierno de un promedio de ingresos en Chile de $481.071. La dura crítica de Salvo refirió a que no se puede anunciar un ingreso promedio en uno de los países más desiguales del mundo. En otras palabras, se trata de un Chile donde la variabilidad de ingresos oscila entre los $2.000 y $24.993.312 mensuales y donde, además, el 70,5% de la población percibe menos del promedio de ingresos anunciado por la institucionalidad. En esas condiciones ¿cómo viven, entonces, la mayoría de las chilenas y chilenos? Endeudándose; es decir, articulándose con el sistema crediticio o financiero. En tal sentido, no es menor que en el 2013 Global Wealth Report haya señalado que la deuda per cápita de Chile era la más elevada de Latinoamérica.

Esto lleva a plantear que el despojo del valor del trabajo de una mayoría de la población -por parte de unos pocos individuos- es la forma generalizada de relación social en Chile. Y, no sólo estableciendo bajos salarios, sino que erigiendo la vía crediticia casi como la principal manera de supervivencia o de enfrentar los onerosos costos de vida. Ante la crudeza de esto, el argument twittero entre Kaiser y Waissbluth se diluye frente a cómo se estructuran y se consolidan, en la sociedad chilena, violentas y cotidianas relaciones de dominación y explotación económico-política. Y ambos, aunque expulsen espuma por la boca y festinen las redes sociales, saben perfectamente que dimensionar el tamaño de esta tragedia no es posible de realizar en los 140 caracteres que permite el confortable cuadrilátero de un tweet.

(*) Publicado en la sección Bufé, en la versión impresa del periódico El Ciudadano, Mayo 2016.