Epígrafe Fronterizo

"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, de los zapatos y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el niño abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales"

Bertold Brecht

domingo, 27 de abril de 2014

Reforma educacional y el conservadurismo clasista de J. J. Brunner


Fotografía: Sitio web Plataforma Urbana


Desde las movilizaciones estudiantiles del 2011 es que he visto nervioso a José Joaquín Brunner. Si su excitación viene desde antes, reconozco que no me enteré. Sólo recuerdo su acérrima defensa de la operática reforma educacional, aquella que terminó por desarticular en el 2008 las demandas de la “revolución pingüina”. Sin embargo, la fuerza que, a partir de la “Primavera de Chile”, adquirió la demanda por un cambio en 180 grados del sistema educacional chileno, ha correlacionado significativamente –en columnas y declaraciones- con la molestia del sociólogo. El anhelo por el fin del carácter mercantil del sistema educacional (con el lema “No al Lucro”) irrumpió con tanta fuerza, que el “zar de la educación superior” comenzó a revolverse incómodo en los sillones del establishment.

No se trata aquí de cuestionar su calidad académica, sino que algunas de sus posiciones políticas. En el 2008, cuando se discutía en el Congreso la reforma educacional chilena (denominada Ley General de Educación - LGE), calificó como “escándalo” la posibilidad de que no se aprobara la nueva versión de la pinochetista ley orgánica de educación, que maquillaba consolidando uno de los sistemas educativos más segregadores del mundo. Bajo los ropajes de la opinión técnico-académica, Brunner fue enhebrando con mayor cobertura mediática su posición política conservadora. Ya en agosto de 2011 encontraba poco seria la demanda por la gratuidad universal del sistema educativo, señalando –paradojalmente- que atentaba contra la equidad. Su defensa de la educación privada, lo ha llevado a cometer –deliberadamente o no- desvaríos conceptuales insólitos, como cuando sentenció que toda la educación [pública y privada] es pública”.

El 2014 devino con un formato remasterizado del sociólogo. Cuando a comienzos de año los estudiantes expresaron su oposición a la designación de Claudia Peirano como subsecretaria de educación (por su participación directa en negocios educacionales), Brunner calificó de “narcisista” la postura estudiantil. Lamentablemente, sus epítetos psicológicos reflejaron sólo su displicente arrogancia Con la renuncia anticipada de Peirano, la cual fue aplaudida por el movimiento estudiantil, la ofuscación del militante del PPD aumentó de tono. Interpelando al aún no estrenado gobierno de Michelle Bachelet, le auguraba a la futura administración “(…) una imagen empobrecida en términos de su capacidad de gobernabilidad y conducción". Brunner interpretó que los estudiantes le “habían doblado la mano” a la Presidenta y no que habían desnudado los conflictos de interés de Peirano.

La última arremetida fue contra el anuncio del actual ministro de educación Nicolás Eyzaguirre, quien se refirió a la intención del gobierno de acabar con la selección de alumnos en los establecimientos públicos denominados “emblemáticos”. Como para Brunner son el histórico semillero de las élites chilenas, se preguntaba “¡¿Cómo puede ser que los grandes defensores de la educación pública le den la última estocada a una de las pocas fuentes de creación de élites en el sistema escolar público?!”. Muchos nos preguntamos también cómo el anuncio de Eyzaguirre puede producir en la mente del experto esas visiones apocalípticas. Su vehemente defensa de una de las principales causas de la segregación social de nuestro sistema educativo es inquietante. Brunner con esas expresiones está reconociendo el carácter de amenaza del anuncio del ministro, respecto del principio constitucional de “libertad de enseñanza”, instaurado durante la dictadura militar. Es probable que para el sociólogo la eliminación del sistema selectivo en estos “buques insignias” (así les llama), implicaría que esa élite se educaría con aquellos que presentan condiciones socioeducativas más desfavorables, lo que desembocaría en el ocaso de la producción de la crème de la crème de la educación pública.

Todavía no conozco a nadie que emita declaraciones clasistas y que reconozca que lo hace. Pero, sí la frecuente defensa y admiración por las élites -especialmente, las económicas- como rasgo característico de nuestra cultura neoliberal chilena. En un país donde más del ochenta por ciento de la población tiene que hacer piruetas para sobrevivir o para sustentar una “vida digna” (llámese solvencia económica, más reconocimiento por la posición social), el estilo de vida de las élites golpea lo más profundo de la psicología y de las metas de vida las personas. El determinismo de la cuna y la segregación socioeducativa, son procesos sociales que permanentemente nos recuerdan que las desigualdades no son fantasías de espíritus resentidos. Con la excusa del mérito escolar o académico, la selectividad establece quién forma parte de algo y quién queda afuera. El problema es que la alusión al mérito es una falacia retórica que encubre el peso del origen social. Infelizmente para Brunner, el fin de la selectividad romperá decenas de muros sociales establecidos por el mismo paradigma educacional que tanto se empecina en defender.

La tragedia de su conservadurismo es que, al contrario, la apuesta por el fin de la selectividad y por la incorporación de la diversidad en toda su amplitud, mejorará con creces el sistema educativo. Nuestras hijas e hijos se enriquecerán, afortunadamente, con toda esa polifonía social. Aboliendo el secuestro de clase de las oportunidades educativas, en el aula convivirá la heterogeneidad económica, social y cultural. Ese es el anhelo que no lee el sociólogo; eso es lo que lastima su erudita reacción: que en la pulcra cubierta de esos “buques insignia”, los niños y jóvenes dejen de observarse entre ellos a través de la óptica del privilegio y de la exclusión social.

(*) Publicado en la revista "Bufé Magazín de Cultura" y en El Quinto Poder

lunes, 14 de abril de 2014

La Nueva Mayoría y el Voto Chileno en el Exterior: entre el disfraz y un traje que les queda grande


Como respuesta de la Coordinación “Haz tu Voto Volar” a la Sra. Isabel Allende, Presidenta del Senado de la República de Chile.

Partiremos haciendo una afirmación que puede resultar incómoda para la coalición política chilena denominada Nueva Mayoría: se equivocan los parlamentarios y el Ejecutivo al pretender que el establecimiento en la Constitución del voto chileno en el extranjero, de la manera en que lo están haciendo, se trata de un avance hacia la consagración de la democracia. Es incómoda la afirmación porque a pocas semanas de la primera cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, está la necesidad imperiosa de realizar anuncios históricos, en este próximo 21 de mayo. Y aprobar una reforma constitucional que eventualmente habilita por primera vez en la historia de Chile el voto de nuestros compatriotas en el exterior, constituye un apetitoso acto declarativo.

Pero, la incomodidad ocurre también cuando algo que no se quiere que sea visibilizado o debatido, es puesto sobre la mesa para escrutinio de la opinión pública y ciudadana. Y eso invisibilizado, eso que no se quiere decir para no aguar la fiesta, es lo siguiente: La reforma constitucional que promueve el gobierno de la Presidenta Bachelet, no sólo no es un avance, sino que constituye inclusive un retroceso, en términos de los derechos políticos y ciudadanos ¿Por qué señalamos esto? Porque si la Constitución vigente ya reconoce de manera amplia el derecho a sufragio para todas las elecciones, sin importar si se reside en Chile o en el extranjero, la reforma constitucional que promueve el Gobierno reduce -en el mismo texto constitucional- el derecho a sufragio desde el exterior a sólo las elecciones presidenciales, incluyendo plebiscitos y primarias nacionales.

Y esto resulta paradójico. Si la Constitución vigente creada en una dictadura militar, en un contexto antidemocrático, cuya legitimidad se encuentra seriamente cuestionada, establece de manera universal el derecho a voto ¿por qué la coalición oficialista, que sistemáticamente declara tener convicciones democráticas, reduce en la misma Constitución los derechos políticos y ciudadanos? O dicho esto en términos de trámite legislativo ¿por qué pudiendo establecer en una Ley Orgánica Constitucional el tipo de elección y la regulación del derecho a sufragio desde el exterior, decidió dirigirse a la misma Constitución para generar deliberadamente ahí una situación de exclusión política? No se trata de que el Gobierno ignore esta lectura. Diferentes grupos de chilenas y chilenos organizados en el extranjero han señalado en detalle al Gobierno y a los actuales parlamentarios, sobre el problema de este proyecto de reforma Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo ha presentado esta operación legislativa como indeclinable.

En una columna del 12 de abril de 2014 publicada por el diario electrónico El Mostrador, la actual Presidenta del Senado, Sra. Isabel Allende, se refiere a este proyecto de reforma constitucional (Boletín N° 9069-07) sobre el voto chileno en el extranjero, el cual se encuentra ad portas de ser votado por la Cámara de Diputados con indicaciones en sala esta semana y que, de ser aprobado, volverá al Senado para someterlo a nueva votación. La Senadora Allende (co-autora del proyecto) señala que el voto de los chilenos en el extranjero es un derecho fundamental que amplía la democracia, afirmación de la cual no podemos estar más que de acuerdo. Sin embargo, dice que esta iniciativa otorgará el derecho a voto desde el exterior, afirmación que es incorrecta. Lo que no dice la Senadora es que nuestra Constitución Política de la República ya reconoce de manera amplia el derecho a sufragio a quienes cumplan con los requisitos para ser ciudadano, los cuales no tienen nada que ver con la residencia o no en el extranjero. Tampoco dice que una reforma constitucional no es necesaria para garantizar el ejercicio del derecho a voto desde el exterior. Como no se trata de establecer un derecho, porque ya está consagrado, sino que de “acercar la urna” al ciudadano que está en el extranjero, lo que procedía era debatir y trabajar por la aplicabilidad del derecho y no reducir su definición. Tal como lo hemos manifestado desde un principio, para lograr un mayor fortalecimiento de la democracia bastaría con una Ley Orgánica Constitucional –y/o reforma a la actual Ley N°18.700- que regule un sistema de voto desde el extranjero; la manera de ejercerlo; los tipos de elecciones en los cuales se podrá participar; y en caso de consagrar el voto en parlamentarias, zanjar de qué manera los chilenos en el exterior puedan tener un representante propio en ambas cámaras (por ejemplo, establecer una circunscripción y distrito exterior).

Es este debate el que debe darse en torno al objetivo de ampliar nuestra democracia. Lamentablemente, el actual texto en discusión, busca reformar la Constitución y zanjar desde ya el tipo de votación -solo presidenciales, plebiscitos y primarias nacionales, excluyendo las parlamentarias- en que los chilenos en el extranjero podrán votar. Ello es lamentable por varias razones: i) La actual Constitución no distingue el tipo de elección, razón por la cual esta reforma, al incluir expresamente ciertas elecciones y excluir otras, traería una limitación y un retroceso en cuanto al derecho a voto y establecería la exclusión política en el mismo texto constitucional; ii) el actual proyecto –de aprobarse- revela la inconsecuencia de muchos parlamentarios que, en su momento, votaron a favor de proyectos de ley que buscaban consagrar, entre otros, la posibilidad de votar en el extranjero por representantes en el parlamento (Boletín N° 3936-06). Muchos de estos legisladores, que en aquel entonces eran diputados, lo siguen siendo en la actualidad o son senadores en ejercicio; y iii) El actual proyecto de reforma contrariaría diversos Tratados Internacionales, Convenciones y Pactos, ratificados por Chile, actualmente vigentes, entre los que podemos señalar: Convención Americana de Derechos Humanos (art. 23 y 24); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 25 y 26); Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias (art. 41), entre otros.

Lo anterior es posible de ser enmendado. El diputado Giorgio Jackson presentó una indicación, la cual fue rechazada en la Comisión al ser aprobada la indicación del Ejecutivo, aunque podría ser “repuesta” esta semana en Sala. La indicación del diputado Jackson, siguiendo con el espíritu del proyecto original, busca llevar la discusión del tipo de elección a una Ley Orgánica Constitucional –que es lo que corresponde en derecho- y evitar que en la misma Constitución se limite el ejercicio del derecho a voto de los chilenos en el extranjero a cierto tipo de elección, limitación que ha pactado la Nueva Mayoría con la Oposición.

La cuestión acá no es avanzar dos pasos y retroceder tres. Chile y sus ciudadanos (todos independientemente de donde se encuentren) exigen un estándar mucho más alto en el camino de concreción de un real Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Hacer lo contrario, sólo nos mantiene con una Constitución –en palabras de Karl Loewenstein- como un traje que nos queda grande, o en algunos casos, como un mero disfraz, pero en ningún caso como debe ser: La Constitución como un traje hecho a la medida.

Ya no se puede culpar ahora a la derecha, quienes – confundiendo el análisis sobre los derechos con el análisis sobre su aplicabilidad- insisten en imponer un vínculo censitario y antidemocrático al derecho a sufragio desde el exterior. Tampoco puede la Nueva Mayoría aludir a las matemáticas, a la dificultad de constituir los quorums requeridos, para justificar la presentación y aprobación de una reforma constitucional que genera exclusión política. La Nueva Mayoría podría contar con los votos necesarios en el Parlamento para alcanzar una situación de sufragio universal. Sin embargo, el Gobierno se ha empeñado en eludir la discusión de fondo sobre qué tipo de democracia queremos y sobre cómo participarán en ella las chilenas y chilenos en el exterior. La Senadora Isabel Allende, el Gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría saben que en estas lides influye mucho el diseño comunicacional con que se presente una operación político-legislativa. Decir que las chilenas y chilenos en el exterior podrán votar desde el extranjero en las próximas elecciones presidenciales, es un anuncio realmente sobrecogedor. Nadie puede objetar el impacto de un anuncio de esa índole.

Lo que no dirá el anuncio, en caso de ser aprobada la reforma que promueve el Ejecutivo, es que se establecerá la exclusión política en misma Carta Fundamental. Al establecer que las chilenas y chilenos en el exterior no podrán tener representación en el Parlamento, se supeditan el derecho y la democracia a los intereses particulares de los que disputan por alcanzar o mantener el poder. Los mismos legisladores de la Nueva Mayoría, junto a algunos parlamentarios de la Oposición, desean establecer que sus compatriotas en el exterior no podrán elegir a alguien que los represente en el mismo Parlamento en que ellos operan y dónde deciden los destinos de nuestro país. Buen negocio para los parlamentarios; mal negocio para la democracia. Y maquillar de mala manera mediante una reforma constitucional una operación de exclusión política, sólo servirá para una bonita foto para el discurso del 21 de mayo de la Presidenta. Pero será de aquellas fotos que, pasada la fiesta, luego de los brindis y de la borrachera, ya con la resaca, avergonzarán una vez más por su pequeñez política y por la deslucida imagen de los gestores celebrando el triunfo de la exclusión ciudadana.



Autores: Gustavo Fuentes Gajardo, abogado (Santiago de Chile); Oscar Vivallo Urra, psicólogo y politólogo (Berlin, Alemania)
(*) Publicado en El Quinto Poder.